18 de noviembre de 2020 In Derecho Penal

CASO PÚNICA: DE VALDEMORO AL CIELO

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El caso Púnica consiste en una supuesta red de adjudicaciones irregulares de contratos públicos a cambio de comisiones. En esta causa están involucradas varios cargos políticos de los gobiernos autonómicos de Madrid, Valencia, León y Murcia, empresarios y alcaldes.

Entendamos cual fue el origen de la causa

Francisco Granados fue elegido como alcalde de Valdemoro en 1999. Al poco tiempo de ser nombrado alcalde, organizó una reunión con sus amigos íntimos y constructores Ramiro Cid y David Marjaliza.

El motivo de dicha reunión fue, presuntamente, plantearles su idea de adquirir suelo rústico para posteriormente recalificarlo como suelo urbanizable, a la que en principio accedieron ambos. Por cada una de estas operaciones, Granados habría percibido supuestamente un 20% de los beneficios de las mismas e importantes ganancias los otros dos implicados.

En torno a las actividades realizadas en Valdemoro, cronológicamente hablando las primeras, gira una de las piezas del “caso Púnica”, y cuyo origen se remonta a octubre de 2014, y en la que VEGAS LEGAL ha tenido una presencia importante al llevar la defensa de uno de los acusados.

Principales personajes de la trama

Como en todos los casos que cuentan con multitud de tramas e implicados, conviene saber quiénes eran las personas importantes sobre las que se estructura el caso Púnica  y conocer cómo funcionaba esta red, para posteriormente analizar una por una cada una de las piezas abiertas:

  • Francisco Granados: tal y como se ha mencionado, fue alcalde de Valdemoro desde 1999 hasta 2003. Posteriormente, entró en el ejecutivo de la Comunidad de Madrid como Consejero de Transportes, Presidencia, Justicia e Interior, así como Secretario General del PP hasta 2011, fecha en la que fue destituido.

    Francisco Granados – Fotografía El Mundo

Es considerado una de las piedras angulares sobre las que se estructura el caso, pues las transferencias bancarias realizadas entre las cuentas de su propiedad y las de Marjaliza motivaron que la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada comenzara a investigar el origen de ambos patrimonios.

  • David Marjaliza: constructor en Valdemoro y amigo de la infancia de Granados. Fue quien presuntamente creó un complejo entramado empresarial que sostenía toda la red de contrataciones públicas y adjudicaciones irregulares.

    David Marjaliza – Fotografía Libertad Digital
  • Alejandro De Pedro Llorca: informático, socio fundador y administrador de la empresa EICO. Se encargaba supuestamente de posicionar favorablemente a los políticos en Internet a cambio de obtener la adjudicación de contratos públicos. Estos servicios sirvieron para que estableciera contactos en Madrid, Murcia y León, lugares todos ellos salpicados por esta investigación.

    Alejandro De Pedro Llorca – Fotografía El Confidencial
  • José Antonio Alonso Conesa: alcalde de Cartagena desde 1991 hasta 1995. Junto con De Pedro Llorca, mejoraba la reputación de políticos con el fin de obtener contratos públicos de manera irregular.

    José Antonio Alonso Conesa – Fotografía La Verdad

Cómo funcionaba la trama

La supuesta red se organizaba de la siguiente forma:

  • Numerosos alcaldes adjudicaban a dedo obras y servicios a las empresas de Marjaliza y De Pedro Llorca.
  • Como contraprestación, ambos daban comisiones a los alcaldes.
  • Las empresas pantalla de Marjaliza y De Pedro Llorca emitían facturas falsas en concepto de servicios prestados, blanqueando así las comisiones recibidas por los alcaldes.
  • Los líderes de la trama recibían comisiones por todo ello a través de testaferros, lo que podría explicar el elevado patrimonio que tenían Granados y Marjaliza en Suiza.

Piezas de la causa

Las piezas son:

Pieza 1:

se inicia con la investigación iniciada por el Juzgado Central de Instrucción para indagar en el origen patrimonial de Granados procedente de contratos públicos adjudicados irregularmente. Dicho Juzgado acordó que se intervinieran los teléfonos del propio Granados y de Marjaliza.

Para ello, se colocó un dispositivo de vigilancia visual frente a la puerta donde se sospechaba que se pagaban las comisiones. Es aquí donde entra en escena el técnico de la Guardia Civil José Manuel Rodríguez Talamino, ya que fue quien instaló las cámaras de vigilancia. Tras descubrir los motivos por los cuales se llevaba a cabo dicho operativo, se lo comunicó inmediatamente a Granados.

Esto hizo que Granados y Marjaliza dejaran de utilizar sus teléfonos e hizo imposible recuperar parte del dinero procedente de las contrataciones irregulares.

Pieza 2:

Alonso Conesa y De Pedro Llorca, a través de sus empresas, realizaron supuestamente campañas de posicionamiento en Internet a políticos leoneses a cambio de adjudicaciones fraudulentas. Un ejemplo de ello fue la adjudicación de la estación de esquí de San Isidro. Entre los implicados se encuentran el expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez Barazón y su exjefe de Gabinete, Pedro Vicente Sánchez.

Pieza 3:

hace referencia a los presuntos contratos adjudicados de forma irregular en la Comunidad de Murcia a favor de empresas propiedad de Alonso Conesa y De Pedro Llorca. El propio Alonso Conesa y el exsecretario de Turismo Jesús Norberto Galindo son algunos de los investigados en esta pieza.

Pieza 4:

se fundamentan en las irregularidades urbanísticas supuestamente realizadas durante la etapa de Granados como alcalde, y que anteriormente se ha comentado.

Pieza 5:

analiza la posible contratación fraudulenta llevada a cabo por alcaldes de los municipios de Parla, Torrejón de Velasco, Serranillos del Valle, Sevilla La Nueva Y Collado Villalba, obteniendo así importantes comisiones por ello.

Pieza 6:

se investiga la presunta adjudicación irregular de numerosos contratos sobre eficiencia energética a favor de COFELY ESPAÑA, S.A. por parte de varios municipios madrileños. Es una de las entidades investigadas por esta causa.

Pieza 7:

otra de las empresas involucradas es WAITER MUSIC, investigada en esta causa por supuestamente haber financiado varios eventos de alcaldes de municipios, como Valdemoro o Moraleja, a cambio de obtener contratos para la organización de eventos en dichos municipios.

Pieza 8:

con similar fundamentación que la pieza 4, se estudian las actividades realizadas presuntamente durante la etapa de Granados en el gobierno de la Comunidad de Madrid, y en la que están involucrados múltiples consejeros de dicho gobierno.

Pieza 9:

es una de las piezas más polémicas de este caso, ya que investiga la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid. En ella se han visto envueltas altos cargos del gobierno de la Comunidad de Madrid.

Pieza 10:

se centra en los servicios prestados por De Pedro Llorca de posicionamiento en Internet a favor de políticos de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia.

Pieza 11:

la última de las piezas investiga la constitución de cooperativas de profesores por parte de la empresa ALFEDEL, S.L., para posteriormente promover la construcción de colegios concertados. Una vez construidos y supuestamente adjudicados irregularmente, utilizaba las facturas falsas que presuntamente elaboraban las empresas de Marjaliza para pagar posteriormente comisiones a políticos. Esta empresa está supuestamente involucrada en colegios de Madrid, Islas Baleares, Murcia y Valencia.

Situación actual

6 años después de su inicio, sigue sin vislumbrarse el final de esta macrocausa. Por la misma han pasado 2 jueces (Eloy Velasco, que fue quien conoció en primer lugar el caso, y Manuel García-Castellón, que sustituyó al anterior en 2017) y más de 200 investigados.

Tras la solicitud de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada al Juzgado Central de Instrucción nº6 para que el mismo reorganice las piezas separadas del ”caso Púnica”, la situación de cada una de ellas en la actualidad es muy diferente:

Situación actual Pieza 1:

Concluyó con la Sentencia del Tribunal Supremo 138/2019, de 13 de marzo, y que confirman las condenas de Rodríguez Talamino y Granados a 2 años de cárcel por un delito de revelación de secretos y un delito de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público, respectivamente.

Situación actual Pieza 2:

se encuentra a la espera de que se elaboren los escritos de defensa, tras haberse presentado los escritos de acusación en marzo de 2018.

Situación actual Pieza 8:

La instrucción de la pieza relativa a la Comunidad de Murcia finalizó en abril de 2019 a través del auto de incoación de procedimiento abreviado, y que da paso a la fase de enjuiciamiento.

Situación actual Resto de piezas:

El resto de piezas siguen en fase de instrucción, por lo que es imposible prever cuándo finalizará por completo el ”caso Púnica” 


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